Pago PAC ovino, caprino y vacuno

Los derechos especiales de las ayudas ganaderas se han materializado en el pago que comenzó a realizar la Consejería de Agricultura y Pesca el pasado 27 y que terminaron de transferirse el pasado martes 1 de febrero. Cabe destacar los 3.35 millones de euros que ha recibido la provincia de Granada, los 2.98 de Almería y los 2.96 de Málaga, ascendiendo a un total de 19.8 millones de euros el total transferido y a 3.400 explotaciones las beneficiarias de dichas ayudas, no obstante, solo supone un alivio temporal ya que la rentabilidad de estas explotaciones es discutible debido a la fuerte subida de los precios del cereal provoca una escalada en los precios de los piensos. Aunque es de agradecer el esfuerzo de la agilización de pago de las ayudas ligadas a derechos especiales, se hace necesario contar con mecanismos que impidan el dominio del mercado de las grandes multinacionales, las cuales juegan a placer con la balanza de Oferta y Demanda, por tanto, se necesitan mecanismos orientados a garantizar el abastecimiento a precios normalizados, y en esta línea se hace fundamental articular mecanismos de intervención pública del cereal en la nueva Política Agrícola Común.

Amén de la problemática surgida en el cereal, cabe destacar la necesidad de crear un marco legal adecuado que impida episodios como el que acaecido en los últimos tiempos, en el sector del aceite de oliva donde una norma obsoleta y una interpretación obtusa de la misma (no se tienen en cuenta las circunstancias de perturbación de mercado), impide activar los mecanismos de que se dispone para la mejora del sector (ejemplo: almacenamiento privado), beneficiando de nuevo la especulación.

Para concluir, reflexionando sobre la actual situación, se nos hace totalmente imprescindible en el mundo agrario una reforma de la PAC que beneficie objetivamente al productor con criterios adecuados de reparto de fondos, que garanticen el abastecimiento y que nos lleven a fomentar la inversión rentable en el campo y no al abandono de explotaciones y además, una reforma que contemple los mecanismos y marcos legales apropiados para la protección de los diferentes sectores, en la cual, no tenga cabida la especulación.