La Política Agrícola Común constituye un elemento clave para el funcionamiento del sector agrario si además tenemos en cuenta que con la misma llegan a España unos 7.000 mllones de euros de los que más de 5.000 son ayudas directas. Se trata de una cifra muy importante si se considera que la renta neta de la actividad agraria, incluidas las subvenciones, ascendió en 2012 a poco más de 22.000 millones de euros.Pero, se puede decir que las mismas no son una concesión gratuita de las instituciones comunitarias, sino el resultado de un largo proceso de reformas y compensaciones, entre otras cuestiones, por la fuerte rebaja de los precios institucionales, la supresión de las compras en intervención, la reducción o eliminación de los mecanismos para la regulación de los mercados, la eliminación de ayudas para la exportación o la apertura de fronteras a los productos baratos de terceros países.Bruselas nunca ha regalado nada.
La Política Agrícola Común, aunque en la última década mantiene esos niveles de ayuda por unas u otras vías,tiene entre sus notas más características, su alto grado de inestabilidad, con lo que ello supone de interrogantes para cualquier explotación a la hora de programar su actividad a medio o largo plazo. La PAC es hoy como un cementerio de reformas desde los años noventa, sin que se pueda decir que haya encontrado hasta la fecha un modelo defintivo.El sector fue escenario de la gran reforma de 1992 donde se inició el paso de las ayudas a los mercados a las ayudas directas y rebaja de los precios institucionales.Siguió esa línea la reforma de la llamada Agenda 2000, la revisión de 2003, el chequeo de 2008 y la que ahora se discute para 2015 donde se pasaría de ayudas por derechos históricos a ayudas por superficie, con el objetivo de lograr una convergencia de las mismas. En conclusión, la filosofía de la PAC ha sido objeto de grandes reformas,cambios de criterios en el pago de las ayudas, a lo que se suman las reformas de las regulaciones en cada uno de los sectores o las normas sobre el cumplimiento del bienestar animal.
Este clima de inseguridad que se deriva de una PAC en reformas permanentes, amenaza ahora con una nueva dimensión ante las pretensiones comunitarias de eliminar el actual sistema de cuotas desde 2015, algo que funciona para la regulación de sectores como los del azúcar, la leche o el viñedo. En base a la política de cuotas ha funcionado el sector de la leche desde los años ochenta y los ganaderos tenían en sus cuotas un valor patrimonial con el que en los años precedentes operaron en los mercados comprando o vendiendo las mismas en función de sus necesidades.Hoy, las cuotas no valen un duro ante la posibilidad de su eliminación. En los años precedentes han funcionado los mercados de los derechos de plantación en los viñedos, con miles de viticultores vendiendo derechos a un mínimo de 3.000 euros por hectárea y fueron muchas las bodegas con grandes desembolsos para la compra de los mismos.
Si se impone la política planteada hoy por la Comisión, desaparecerán las cuotas para la producción de azúcar defendidas por industriales y remolacheros; las cuotas de la leche o los derechos de plantaciones en el viñedo y, ganaderos y viticultores verán cómo se elimina de un reglamentazo el valor de lo que hoy tienen como un patrimonio, al margen de lo que ello pueda suponer para la transformación de las políticas de producción, los mercados y las rentas.
La PAC aporta importantes ayudas, nunca gratuitas.Pero vivir a su sombra es como estar sentado sobre unas arenas movedizas o en el centro de un volcán. En la PAC, no hay nada seguro que cinco años dure.Y, programar la política de una explotación a futuro, decidir inversiones o comprar cuotas, además de las ayudas,requiere, cuando menos, una estabilidad en las reglas de juego para enterrar esa pregunta permanente que se hace el sector.Y esto,¿cómo va a quedar?
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